Asociaciones, gremios, ámbitos académicos, actores institucionales, espacios sociales y político emitieron un comunicado de prensa en solidaridad y denuncian que la Defensa Pública del Chaco «viene recibiendo constantes y sistemáticos ataques por parte de funcionarios del gobierno; motivados por su rol en la defensa de los derechos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad«.

«Funcionarios del Poder Ejecutivo han recurrido a los medios de comunicación para realizar descalificaciones públicas hacia la labor de los defensores oficiales«, señalaron y se «los acusa falazmente de priorizar la defensa de ‘delincuentes’ por encima de los intereses de la sociedad, o se insinúa que su actuación responde a motivaciones políticas, desconociendo su rol esencial en el sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales».

«Esta hostilidad discursiva se complementa con acciones concretas que obstaculizan la labor de la Defensa Pública. Entre ellas, se incluye el impedimento del acceso de la Defensora General Adjunta a un establecimiento penitenciario, en el marco de una acción de hábeas corpus interpuesta por ella misma y el Comité de Prevención de la Tortura, en relación con la implementación de medidas restrictivas respecto del uso de celulares», expresan.

El conflicto es de gran magnitud que «la Defensora denunció a la cúpula del Ministerio de Seguridad por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejámenes, debido a la exhibición de personas privadas de su libertad sin la autorización de los jueces competentes. Es importante destacar que los traslados de estas personas tuvieron origen, precisamente, en acciones de hábeas corpus interpuestas por la Defensa Pública».

Continúan: «nos parece relevante mencionar la labor que viene desarrollando la Defensa Pública en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la acción de amparo presentada a favor de las comunidades wichí del Impenetrable Chaqueño. En este caso, se ha obtenido una medida cautelar que ordena al Estado provincial garantizar el acceso al agua y la alimentación de estas personas, orden que, a la fecha, el gobierno no está cumpliendo».

Afirman que «la Defensa Pública del Chaco está siendo objeto de una sistemática campaña de hostigamiento por parte del gobierno provincial, como represalia por el desempeño de las funciones que le son propias» y «esta situación representa un grave riesgo para el Estado Constitucional de Derecho, el derecho de defensa y la efectiva vigencia de los derechos humanos en la provincia«.