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Un 5 de Febrero de 2007 ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, comenzaba un hecho histórico para la provincia y la región el Juicio Regimiento 9 por las delitos cometidos en ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio.

En el año 2004 al haberse derogado las leyes de impunidad de punto final y obediencia debido, la Comisión Provincial de DD HH de Corrientes, presentó formalmente la querella ante el Kuzgado Federal de Corrientes, que dio impulso a la investigación penal.

Durante 3 años de instrucción se tomaron decenas de testimonios de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos, se ubicaron y relevaron diversos documentos históricos.

El 12 de Octubre se 2004 el Juez Federal Soto Dávila ordenó la detención de los oficiales de inteligencia del Ejército Juan Carlos Demarchi, Julio Rafael Barreiro y Horacio Losito y del oficial de Gendarmería Raúl Reynoso.

Fue el primer juicio por crimenes de lesa humanidad del interior del país, donde se juzgó el funcionamiento de un centro clandestino de manera integral.

El Tribunal Federal compuesto por el presidente Víctor Alonso y los vocales Lucía Rojas de Badaró, Gabriel Navarro y el conjuez Osiris Jantus dio por acreditado que en el Regimiento “Coronel Pagola” funcionó un centro de detenciones clandestinas, donde decenas de personas fueron sometidas a tortura (entre ellas 14 víctimas que formaron parte de la causa).

También se consideró probado que un grupo de tareas compuesto por militares y gendarmes llevó adelante el accionar delictivo.

A Rafael Barreiro se lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.

De Marchi (alias “El electricista” por el uso de la picana) y Losito fueron condenados a 25 años de prisión por asociación ilícita más once, diez secuestros y tormentos respectivamente.

Lugar señalado por testigos donde realizaban las detenciones, interrogatorios y torturas.

El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, quien se infiltró en la familia de Artieda, fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo.

Desde los inicios de los juicios de lesa humanidad se descubrió el plan sistemático de la última dictadura militar, con desaparecidas y desaparecidos, a 139 nietas y nietos que se le restituyó su identidad, continúa la búsqueda. Hay que seguir profundizando los reclamos al Poder Judicial y concientización de la sociedad ante los brotes reivindicativos a exrepresores, el cierre de sitios y espacios de memoria, la eliminación de políticas de derechos humanos, despidos, los discursos de odio, autoritarismo, un fascismo explícito en declaraciones y acciones desde el presidente Javier Milei y funcionarios del gobierno nacional.

La Memoria, la Justicia y la Verdad no se tocan. Nunca Más

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