La Cámara de Apelaciones rechazó un pedido del Ejecutivo de no acatar una orden federal sobre el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

Luego de que Javier Milei negó en el Foro de Davos la desigualdad de género y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con eliminar del Código Penal el agravante por motivos de odio en los asesinatos contra mujeres, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Federal rechazó –según se supo este viernes– una apelación del Gobierno nacional ante una medida cautelar que había dictado en diciembre un juzgado federal sobre la obligación del Estado de mantener los programas relacionados con la prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia para sobrevivientes y familiares de la violencia de género.

La resolución dictada por la cámara se hizo pública este viernes, en el marco de una acción judicial iniciada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres x Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, quienes en junio demandaron ante la justicia que les den certeza acerca de lo que pasará con los programas y políticas de género tras el vaciamiento del Estado que lleva a cabo La Libertad Avanza.

Esto significa que, luego de la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad –que pasó a ser Subsecretaría– y la renuncia de Claudia Barcia como titular de dicha entidad bajo el mando de Cúneo Libarona –el funcionario que volvió a negar ayer la violencia de género– este ministro deberá rendir cuentas a la justicia de qué pasará con todas las políticas y programas de género implementados en gestiones anteriores.

Reacios a cumplir la cautelar

Ya el 28 de diciembre del año pasado y ante una solicitud de las demandantes, el juez Enrique Alonso Regueira del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, había dictado la medida cautelar en este proceso, ordenando al Ministerio de Justicia que se abstuviera de reducir los recursos humanos y la infraestructura de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), reasignar personal para otros fines y sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos. Sin embargo, el Gobierno apeló la medida el pasado 14 de enero, al tiempo que pidió una habilitación de feria judicial invocando razones de urgencia, la cual fue concedida por el juez federal Enrique Lavie Pico.

El último discurso de Milei, que ha despertado rechazo por parte de las organizaciones de derechos humanos y políticos, llegó cuatro días después de que el mandatario estuviese celebrando la asunción de Donald Trump como presidente y horas después de que el libertario realizó un posteo en X en el que amenazó con “ir a buscar” a “los zurdos de mierda”. Por este posteo, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Milei en la Justicia Federal y en los tribunales internacionales de la Corte Penal de La Haya y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que, por sus ataque en Davos, la Federación Argentina LGBT+ lo denunció por delitos como amenazas, incitación a la violencia y abuso de autoridad ante el Juzgado Federal de lo Criminal y Correccional 3. Estas denuncias se suman a las realizadas por la exdiputada Myriam Bregman y el secretario general de la ATE Capital, Daniel Catalano.

El Gobierno no expresó postura alguna sobre el revés judicial.