Exigen a la Justicia de Corrientes que se expida sobre obras en la playas públicas.

Exigen a la Justicia de Corrientes que se expida sobre obras en la playas públicas.

La ampliación de construcciones de los paradores, boliches y el proyecto de shopping sobre la zona costera sur sin autorización municipal y judicial provocó el pedido de sentencia.

“Desde los Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes, informamos y ponemos al tanto a nuestra comunidad de que pediremos a la Justicia Provincial que se expida y resuelva a la brevedad con respecto al proyecto de un Shopping y también sobre los paradores que, día a día, continúan avanzando y ocupando más terrenos sobre la playa pública Arazatí“, comunican desde la asamblea de vecinxs.

Han hecho la presentación de un amparo ante la justicia, con todas las pruebas necesarias, detallando todas las infracciones que cometieron, desoyendo y continúan con obras sobre las playas. Grave situación por la que exigen y que se dicte pronta sentencia.

“Observamos, con gran preocupación, que los paradores privados que ocupan el espacio público de la ribera, continúan día tras día ampliando. Se puede apreciar esto en los locales Jack Tower, Santos (que están hasta triplicando su superficie original) y Boca Unidos, además del relleno de Bienes Raíces S.A., en la desembocadura del Arroyo Limita donde ya se advierte como el agua, busca nuevos espacios a inundar, al encontrarse con los enormes rellenos ilegales que han aumentado su altura y se constituyen en diques”, expresan. 

Resaltan que “en el marco del amparo ambiental presentado, la justicia ha hecho numerosas actas de infracción contra Jack Tower y Santos por seguir ampliando de manera permanente sus comercios, privatizando la playa; y por continuar vallando grandes superficies para eventos privados en donde solo pueden consumir unos pocos”.

Sobre la desinformación sobre las autorizaciones o pago de impuestos por el usufructo del espacio público afirman que desconocen “hasta el día de hoy, si existe un canon pagado a la municipalidad por parte de estos empresarios. O si ha existido algún tipo de multa”. Cuando cualquier persona que venda o comercialice en la zona debe pagar por permisos.

“Todo esto ocurre en un espacio construido por inversión pública y que es de todos los correntinos.  Además, en este momento, el río está recuperando su caudal normal y ha empezado a ocupar lo descubierto durante la bajante histórica (2021-22). Sin embargo, vemos cómo estos negocios se siguen ampliando y esto genera una mayor pérdida del área pública de playa”, agregan.

El uso del espacio público ya sea para una obra del Estado o privada requiere de procedimientos e instancias para que se efectúen. La libertad de decisión es llamativa y para Defensores “estos empresarios, en total connivencia con la Municipalidad avanzan privatizando lo que es el espacio de todos. De allí la importancia de que, como ciudadanos, tomemos consciencia y defendamos lo que es público, ante la ambición desmedida de unos pocos amigos del poder”.

Desde el Colectivo manifiestan que se cumplan la ley provincial 4731, 5067 y la ley nacional 25675, entre otras. Además, las normas incumplidas como las ordenanzas 1176, 1071, 2251, 2506, 2852, 3064 y 3684. Que cumplan las disposiciones de la justicia, que paren con la privatización y negocios.

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