Comienza en Entre Ríos el juicio de la “Noche del Mimeógrafo”.

Comienza en Entre Ríos el juicio de la “Noche del Mimeógrafo”.

Estarán sentados en el banquillo dos exintegrantes del grupo de tareas de la Policía Federal, acusados de haber secuestrado y torturado a estudiantes y jóvenes militantes que difundían volantes en contra de la dictadura de 1976.

El tercer juicio de la causa denominada como “La Noche del Mimeógrafo” comenzará este martes ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado por un pedido de la fiscalía.

Hoy, desde las 13:30 hs estarán sentados en el banquillo dos exintegrantes del grupo de tareas de la Policía Federal, acusados de haber secuestrado y torturado a estudiantes secundarios y jóvenes militantes que difundían volantes en contra de la dictadura cívico-militar de 1976.

Los expolicías retirados Luis Oscar Varela, alias “el Cordobés”, y Jorge Alberto Rodríguez, alias “el “Manchado”, serán juzgados por privación ilegítima de la libertad y por imposición de tormentos en tres jornadas por el Tribunal que integran María Emilce Rojas, José María Escobar Cello y Mario Jorge Gambacorta.

“Cuando me toque declarar en el juicio voy a hacer una introducción, a modo de reconstrucción, de la militancia política que teníamos con mis compañeros”, señaló a César Román, uno de los estudiantes secuestrados que dará su testimonio en este proceso oral y público.

Román, que se desempeña como docente de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde actualmente reside, explicó que con su testimonio pretende “construir una memoria militante junto con las víctimas”.

En la jornada del 19 de julio de 1976, Román fue secuestrado junto a sus compañeros de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, que eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Rodríguez.

A la vez, Juan Carlos Romero, Carlos Zenit, José Pedro Peluffo, que pertenecían al centro de estudiantes de la UES en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza, y Víctor Baldunciel, que había egresado recientemente de esa institución, también fueron detenidos ilegalmente.

Todos ellos tenían entre 17 y 19 años en aquel momento y fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación de la Policía Federal de la ciudad Concepción del Uruguay, donde fueron torturados durante dos semanas.

Al mismo tiempo, los integrantes de la juventud de políticas Darío Morend, que era referente de la Juventud Peronista (JP), Horacio Valente, simpatizante del Partido Auténtico, y Carlos Martínez Paiva, militante de izquierda, fueron torturados en el mismo lugar junto al maestro Mario Maffei, que compartía reuniones con el grupo.

Morend, Valente y Martínez Paiva fueron luego trasladados a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y recuperaron la libertad a fines de 1978, mientras que el resto quedó en “libertad vigilada”.

Los hechos sucedidos fueron conocidos como “La Noche del Mimeógrafo” porque todos los detenidos fueron torturados para saber la ubicación del artefacto que se había utilizado para imprimir los volantes que denunciaban a la dictadura de Jorge Rafael Videla.

“El mimeógrafo terminó siendo el centro del asunto en casi todos los interrogatorios”, recordó Román y agregó que con esa búsqueda “querían que nosotros nos delatáramos”.

En ese sentido, consideró como una “pequeña victoria” que los represores nunca pudieran hallar el mimeógrafo, ya que por una cuestión de seguridad interna, “no sabíamos que era Morand quien lo tenía”.

Pese a destacar que este proceso de enjuiciamiento es “uno de los pocos donde no hay desaparecidos”, el testigo consideró que “la tortura y todo el proceso concentratorio genera muertes tempranas además de vidas complicadas”.

De las 11 víctimas, Morend, Zenit, Valente, Pellufo y Maffei fallecieron con posterioridad a los hechos.

Mientras que Roque Minatta, Juan Carlos Rodríguez y Juan Carlos Romero, son querellantes del último juicio junto a Román.

Por su parte, Víctor Balbuciel también participó como testigo en el juicio de 2012 que se le siguió al exministro de Interior de la última dictadura Albano Harguindeguy en una causa donde se unificaron los hechos de represión ilegal ocurridos en las ciudades entrerrianas de Concordia, Concepción de Uruguay y Gualeguaychú.

Allí recibieron las primeras condenas por “La Noche del Mimeógafo” Julio César “el Moscardón” Rodríguez y Francisco Crescenzo, ambos policías que pertenecían al grupo de tareas que secuestró a los estudiantes.

El jefe de estos efectivos, el policía Darío Mazzaferri, fue juzgado en 2017, como parte del segundo tramo de esta causa.

“Son juicios fragmentados y es lamentable porque los dos imputados que vamos a juzgar fueron nombrados por las víctimas en el juicio que le hicieron a Harguindeguy en el 2012”, señaló la abogada Lucía Tejera, que en este juicio querellará en representación de la Secretaría de Derechos Humanos.

Asimismo, la letrada cuestionó a la fiscal de instrucción María de los Milagros Squivo, por “no avanzar en la investigación” y argumentar que “las víctimas se estaban equivocando de persona”.

En septiembre del año pasado, a poco de empezar el juicio del tercer tramo de esta causa, la fiscal expuso que como los magistrados Sebastián Gallino y Lilia Graciela Carnero, integrantes del Tribunal en aquel momento, ya habían participado en juicios anteriores por los mismos delitos podía tomarse como causal de recusación.

De esa manera, la defensa tomó esos argumentos y planteó la recusación de los integrantes del Tribunal, y en su lugar, fueron nombrados los jueces Escobar Cello y Gambacorta, lo que generó la postergación del proceso hasta octubre de este año.

Tejera argumentó que “si bien son los mismos hechos, no son los mismos imputados” y explicó que “en todos lados pasa que se siguen otros tramos con el mismo Tribunal”.

Por todas estas cuestiones, a inicios de este año, las querellas pidieron la recusación de la fiscal Squivo, la cual les fue negada por una instancia superior.

“Considerábamos que teníamos elementos suficientes para decir esta ‘señora no puede ser fiscal en esta causa’ porque durante todo este tiempo lo único que ha hecho es entorpecer las investigaciones”, señaló la abogada.

Por su parte, Román recordó que “tenía los pasajes para ir a Concepción del Uruguay” y resaltó “el impacto anímico” que le produjo conocer la suspensión del juicio.

En esa línea, destacó que es “la sexta vez” que va a declarar por los mismos hechos que padeció en 1976 y reflexionó que por “todas estas interrupciones, es medio difícil tener una justicia y una reparación verdadera”.

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