El Juez Fresneda declaró inconstitucional el Aporte Solidario.

El Juez Fresneda declaró inconstitucional el Aporte Solidario.

El fallo polémico que favoreció a un ganadero produjo fuertes críticas de juristas y abogadxs constitucionalistas.

Fresneda, juez de Paso de los Libres y subrogante en el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, declaró la inconstitucionalidad del Aporte Solidario y Extraordinario, Ley 27.605. “La alícuota efectiva del aporte solidario sobre la renta del año 2020 del actor sería del 118.658,78%, a lo que debe sumarse lo que la parte actora debe abonar en concepto de Impuesto sobre Bienes Personales, por lo que el ‘aporte solidario y extraordinario’ provocaría en el caso concreto una manifiesta inadmisible absorción de la renta y del patrimonio”, estableció Fresneda, basándose en una doctrina que deriva de la Corte Suprema. Por lo tanto, le otorgó a un empresario ganadero la posibilidad de no abonar el impuesto.

Fresneda recordó que el empresario de Corrientes también afronta el pago de Ganancias, lo cual, sumado al aporte solidario, estaría “excediendo los límites razonables de imposición y resultando confiscatoria y violatoria del derecho de propiedad”.

Las críticas sobre el veredicto del Juez Federal, se hicieron evidentes en declaraciones en profesionales del ámbito constitucional. Roberto Gargarella, abogado constitucionalista y sociólogo de la UBA, recalcó que “puede gustar o no, pero inconstitucional no es”. “Dejemos de inventar lo que la Constitución no dice. El Congreso tiene el derecho de fijar esa contribución u otra mayor o más extendida, sin óbice constitucional alguno. Nada en la idea de propiedad lo impide”, expresó en su cuenta de Twitter.

La opinión del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, fue que el hecho de que un juez “entienda que es inconstitucional aquello que un órgano jurisdiccional superior está señalando como uno de los elementos necesarios para conjurar la pandemia es un disparate jurídico”.

Lo resuelto por el juez correntino es contradictorio a otras sentencias en otras provincias, como lo resuelto por la Cámara Federal de Resistencia, que el 29 de junio desestimó un recurso presentado con un fin similar por el exfutbolista y empresario agropecuario Gabriel Batistuta, cuyo planteo fue denegado.

Uno de los puntos de una resolución de la CIDH, agregó el jurista Barcesat, plantea explícitamente “la necesidad de imponer contribuciones extraordinarias ceñidas a la vigencia de la pandemia y sus efectos”.Continuó, “esa Resolución comienza con una descripción de los valores que están en juego a consecuencia de la pandemia: la vida, la salud y la integridad de las personas; después, describe la enorme desigualdad que hay en el continente latinoamericano”.

“En el caso de la CIDH y de la Corte Interamericana de DDHH, entiendo que sus pronunciamientos son orientadores y vinculantes. De manera que, cuando fui invitado a exponer sobre esto en el Senado de la Nación di a conocer esta postura que estoy reiterando ahora, porque creo que es el mejor enfoque y que se corresponde, además, con las declaraciones y requerimientos tanto de la CIDH como de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, detalló Barcesat. Y añadió: “Hasta la fecha, la pandemia, lamentablemente, no se ha extinguido, ni reconvertido, ni ha pasado a otra categoría. Sigue siendo pandemia”.

La AFIP, como organismo público a cargo de aplicar el Aporte Solidario, se presentó en la causa iniciada en el juzgado correntino para defender la constitucionalidad de la ley 27.605: en su presentación remarcó que se trata de un pago extraordinario producto de la pandemia y no de un impuesto más.

El aporte extraordinario es una alícuota de entre el 2 y el 3,5% sobre todos los bienes existentes al 18 de diciembre de 2020 de personas humanas y sucesiones indivisas, cuyo valor total exceda los $ 200.000.000.

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